Estado y movimientos sociales: de alianzas, polos y partidos

by Mauro on 3 junio, 2012

Por Giordana García Sojo

La crisis que enfrentan hoy los países de “primer mundo” es bumerang implacable de las políticas de saqueo instaladas en nuestros países desde la década de los 80. No nos alegra su debacle, pero es innegable la aparición de cierto sentimiento de reivindicación histórica al presenciar el resquebrajamiento sistemático de los cimientos económicos y culturales sobre los que se asienta el modelo de mundo basado en la explotación del hombre y la naturaleza. Crisis civilizatoria si se quiere, encuentra resistencias organizadas en nuestros países “tercermundistas”, donde los ajustes estructurales neoliberales desataron una serie de levantamientos populares y reorganización territorial que hoy se traduce en movimientos sociales y gobiernos progresistas y/o de izquierda, estos últimos recuperadores del rol del Estado como actor antagonista al mercado transnacional. Sin embargo, es iluso pensar que el neoliberalismo en nuestras tierras ha fenecido: políticas de cuño nacionalista no han podido evitar que procesos de “desarrollo” aparentemente soberanos se conviertan en garantes de capital internacional. La apropiación de recursos naturales y bienes comunes para comercializar productos precisos, acelera una dinámica de exportación direccionada a la consecución de materia prima por los países del “centro” (incluyendo los conocidos como “BRICs”: Brasil, Rusia, India y China), y reconvierte a nuestros países en monoproductores extractivistas.

Gobiernos “progresistas” como los de Brasil, Argentina y Uruguay, parecen encajar sin mayor problema en esta descripción. Contemplan políticas redistributivas y rescatan rol del Estado como responsable del bienestar social,  volviendo a dinámicas asistencialistas y compensatorias de la acumulación por desposesión que crece en los modos de producción extractivistas basados, en la mayoría de los casos, en monocultivos de productos generadores de daños severos al medio ambiente además de destructores del tejido social popular. En este sentido, las políticas sociales son fácilmente transformadas  en enemigas de los movimientos sociales en tanto aplican un “paño de agua tibia” al problema, en el intento de desmovilizar y neutralizar las legitimas luchas por cambios estructurales, en función de la satisfacción de necesidades urgentes de la población (Ver: Política y miseria, de Raúl Zibecci).

Los gobiernos de “izquierda”, léase Venezuela, Bolivia y Ecuador, proponen cambios sistémicos en la medida que se enfrentan abiertamente al modelo de producción capitalista e imperialista, e incluyen desde sus cartas magnas la participación del pueblo y de los movimientos sociales como fundamento constitutivo de sus políticas. Sin embargo, y a pesar de que efectivamente en estos países podemos presenciar la existencia de cambios estructurales en cuanto al modelo de organización política de las bases, las transformaciones sustanciales o se han quedado en la retórica antiimperialista, o se  van pareciendo cada vez más a las aplicadas por los gobiernos “progresistas”, pues las políticas de redistribución y cogestión social no han sido suficientemente penetradas por la autogestión y la autonomía popular, y se sostienen en cambio en la relación arriba/abajo, donde el sujeto revolucionario es depositario de beneficios y no partícipe, decisor y gestor de los mismos.

Es innegable el rol del Estado como momento de transición, puesto que de lo contrario las privatizaciones y las políticas de total desinversión social terminarían aniquilando a los sectores populares. La cuestión radica en qué tipo de Estado de transición es posible sin congelarse en el poder y que constituya un verdadero espacio de promoción y protección de la organización autónoma popular. La deslegitimación histórica de los partidos y los sindicatos como espacios de empoderamiento real de los sectores populares ha dado paso a la búsqueda de otras formas de organización popular más cercanas a las redes que a los bloques estructurados. En este panorama el rol de los movimientos sociales es central. Si bien la figura del Estado al recuperar cierto protagonismo en cuanto al gasto social ha efectivizado resistencias al neoliberalismo, parece inevitable que su naturaleza es intrínseca al verticalismo, al poder visto y delegado desde arriba.

El caso de Venezuela y la vía institucional para la transformación social que promueve el gobierno bolivariano, con un fuerte discurso sobre Poder Popular y empoderamiento de las comunidades, no ha logrado sin embargo socavar los fundamentos del Estado capitalista y, contrariamente, se ha visto anclado en una dinámica promotora de nuevas élites y vanguardias acorazadas en la figura del partido (PSUV) como garante de poder. Sin caer en la discusión dicotómica que enfrenta “movimientismo” con partidismo, es manifiesto que aunque movimientos y partidos puedan coincidir en proyectos más grandes, son espacios con modalidades organizativas distintas, y esta diferencia es la clave de su relación con los problemas concretos de la gente. Los movimientos surgen a partir de la necesidad de ejercer acciones políticas para transformar una realidad social determinada, los partidos, históricamente buscan aglutinar masas de militantes de acuerdo a alguna ideología heredada, con el fin de tomar el poder del Estado. La llegada de Chávez al gobierno significó la ruptura con el bipartidismos reinante por décadas, y patentizó la deslegitimación que la figura del partido había cobrado en la sociedad venezolana. Chávez llegó al poder por la vía electoral gracias a una alianza heterogénea, que aunque se asentaba en partidos nacientes y pequeños, agregaba una cuota importante de protagonismo a sectores no partidistas de la sociedad. Sin negar la importancia estratégica de este tipo de alianzas, es difícil dudar que la instauración en el año 2007 del PSUV como aglutinador macro de la diversidad política chavista es aún hoy una de las contradicciones más espinosas que enfrenta la revolución bolivariana.

El llamado mas o menos reciente a conformar el Polo Patriótico puede leerse como una  estrategia acertada de reaglutinación de las bases que históricamente apoyaron al proceso revolucionario, pero que a partir de la imposición del partido como mecanismo de participación política fueron fragmentando su apoyo y autonomizando sus luchas. El Polo se convertiría así en el sustento realmente popular de la estrategia gubernamental, situación que coloca a los movimientos sociales en la disyunción de aparejar sus demandas a una nueva bandera electoral que les permite sin embargo articularse entre si, lo que podría significar -si superan la instrumentalización electoral- la conformación orgánica de formas de participación entre diversidades demandantes que permita la construcción de una alternativa política al y mientras tanto con el Estado. La otra posibilidad, y no quiero ser pesimista pero es la que ya se corporiza, es que los movimientos en el Polo terminen siendo neutralizados, en tanto herramienta de una estrategia política gubernamental cuyo alineamiento con la misma es condición de articulación.

Algo que puede ilustrar los usos que viene padeciendo el nuevo Polo Patriótico es recordar de dónde viene su figuración: el “Polo Patriótico” reunió a los partidos adherentes al programa de gobierno propuesto por Chávez (MVR, PCV, MAS, PPT, Podemos, entre otros) para la contienda electoral de 1998; todo bien con aquel Polo en su momento y rol histórico, quizá el error fue eliminarlo para crear un espacio unipolar de avance partidista, el PSUV. Lo que no deja de preocupar es que en vista de la deslegitimación del PSUV como plataforma de movilización y participación, y ante las elecciones en ciernes, se recurre a los movimientos  sociales como sustitutos de los antiguos partidos, sin tomar en cuenta que son actores políticos que justamente buscan diferenciarse de aquellos. Tal vez volver al nombre de Polo Patriótico es sólo una herramienta discursiva, como aquello de estamparle a los ministerios la rúbrica de Poder Popular. No debiéramos subestimar tanto las prácticas discursivas como garante de cambios o de congelamientos; vaciar de significado conceptos o sujetos suele ser el primer paso para su neutralización real.

El reto sigue en pie para los movimientos sociales que tratan de crear redes a través del Polo Patriótico; redes que no parecen ir más allá de la necesidad electoral de apoyar la reelección indispensable de Chávez. Paralelamente están surgiendo nuevas formas de rearticulación de base, de nuevo con el objetivo de deslastrase de la burocracia partidista: la recientemente creada Alianza Popular Revolucionaria (APR) recoge los debates y avances que los movimientos sociales vienen generando desde mucho antes del llamado gubernamental a crear el Polo.

Lo avanzado por el proyecto bolivariano en cuanto a rearticulación de fuerzas sociales y posibilidades de cambio estructural a pesar de la preeminencia del sistema político partidario, funda espacios ganados a defender, tomando en cuenta el peligro siempre activo de que vuelva a gobernar la derecha neoliberal. Sin embargo, el alegato al momento coyuntural para neutralizar la actuación de los movimientos sociales no encuentra ya en Venezuela total consenso. Más bien parece el momento idóneo para profundizar el debate sobre las otras luchas, las que a partir del reconocimiento de la diversidad plantean nuevas formas de hacer política, en la siempre posible y abierta alianza con las políticas estatales y del partido que así lo permitan, pero con el claro objetivo de transformar estructuralmente las relaciones sociales y de poder.

 

 

 

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